EL SECTOR PÚBLICO TIENE MÁS DE S/. 74.000 MLLS DEPOSITADOS EN BANCOS.

El Gobierno está dictando medidas para dinamizar el gasto público y el consumo, ante la difícil situación internacional que golpea las exportaciones y una inversión privada que parece estancarse, con el fin de que la desaceleración pueda revertirse. Los expertos plantean usar los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal y otras fuentes públicas para dar un mayor impulso fiscal.

Christian Ninahuanca A.

En el contexto de la desaceleración económica en el Perú (en el 2014 se creció apenas 2,35% y este año se espera poco más de 3%), suena fuerte un término denominado política macroeconómica contracíclica, aplicado por el sector público para contrapesar el bajo desempeño del aparato productivo del país.

Los economistas definen como política macroeconómica contracíclica, cuando el sector privado (las empresas) crece a tasas altas, por encima del Producto Bruto Interno (PBI) potencial, ante lo cual el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), baja un poco el gasto público o sube los impuestos, y por su parte el Banco Central de Reserva (BCR) sube su tasa de interés de referencia (para encarecer los créditos bancarios). Caso contrario sucede cuando la economía está en evidente caída, pues allí el gobierno debe gastar más para impulsar la demanda, y el BCR baja su tasa de interés para subir el gasto privado, de consumo, y de inversión, pues se busca impedir una reducción mayor, o la reactivación de la economía.

«En este momento de desaceleración es evidente que se debe aplicar una política contracíclica, pero lo importante es saber si en el Perú existe o no una capacidad económica o financiera, tanto del gobierno como del BCR, para dedicar dinero a estímulos fiscales o monetarios», afirmó el economista Humberto Campodónico.

MARGEN DE MANIOBRA

En este último caso, una condición necesaria es que el Estado cuente con los recursos suficientes para aplicar un mayor gasto fiscal.

Algo que según el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, ya se está aplicando, pues el Perú tiene un margen importante de maniobra fiscal para aplicar una política macroeconómica contracíclica, en momentos en que el entorno externo es difícil.

Segura indicó que muchas de las medidas en ese sentido fueron lanzadas el año pasado por el gobierno y se encuentran en plena fase de ejecución (reducción del Impuesto a la Renta para personas y empresas, mayor presupuesto para gobiernos regionales y locales en proyectos de mantenimiento de obras y otras).

Pero al notarse que todavía la economía peruana no despega, ¿habría recursos para optar por un mayor impulso fiscal?

Cabe indicar que el MEF cuenta con el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), que es el acumulado de los superávits que ha tenido el presupuesto público en los últimos años y que hasta el 7 de abril último sumaba 9.165 millones de dólares (28.411 millones de soles aproximadamente).

Germán Alarco, docente de la Universidad del Pacífico, señaló que este fondo podría utilizarse para activar la inversión pública; sin embargo, el «propio gobierno se ha atado las manos en cuanto a la ejecución». «Este es un problema de décadas de neoliberalismo, reduciendo la capacidad de gestión del Estado», manifestó.

Incluso hay más dinero del sector público depositado en las entidades financieras (BCR, Banco de la Nación y banca privada), pues hasta febrero del 2015 los ahorros del Estado totalizaban 74.739 millones de soles (ver infografía), monto que incluye el FEF y el dinero del canon que los gobiernos regionales y locales no han podido utilizar.

Aunque recientemente el economista Roberto Abusada indicó que el tesoro público tendría guardados más de US$ 30.000 millones, pero no precisó cuáles eran las fuentes.

Humberto Campodónico consideró que los fondos públicos se están acumulando en lugar de gastarse, y «está previsto que se gaste cuando el ciclo está de bajada».

«El MEF o el BCR deberían decir quién tiene estos recursos excedentes, quién los administra y qué plata se podría usar y qué plata no», agregó.

En tanto, Germán Alarco se mostró opuesto a la posibilidad de utilizar estos recursos acumulados a través de asociaciones públicas privadas (APP).

Agregó que si bien los resultados de la producción a febrero (0,94% de crecimiento) fueron una mala señal para el gobierno y los mercados, no hay que ser catastrofistas.

«Hay que analizar las posibilidades que existen por el lado de la reactivación de la demanda interna, ya que el frente externo sigue con problemas», dijo.

Recordó que mucho de nuestro futuro inmediato está en manos de la inversión privada y por tanto de los empresarios. Sin embargo, dijo que no hay que esperar mucha inversión en la minería, ya que el ciclo de precios seguirá a la baja hasta 2018 o más, y se debe pensar en inversión para el mercado interno.

«Si bien la rentabilidad es menor que antes (20%), hay muchas actividades donde se puede invertir con rendimientos por encima de los internacionales (12% respecto de retornos del 7%). Si no se invierte los empresarios van a ganar menos y perder mercados. Deben actuar racionalmente y sin chantajes políticos», manifestó.

Agregó que por el lado del consumo privado se debería acudir al aumento de la Remuneración Mínima Vital, que tendría menos impactos de haberla aplicada el año pasado.

Alarco se mostró en desacuerdo con quienes plantean reducir impuestos tales como el IR y el IGV que debilitarían más al Estado. «A la fecha se ha transferido el 0,8% del PBI y no se observan sus efectos» finalizó.

RESERVAS EXTERNAS

Asimismo, hay otro fondo del Estado que representa las Reservas Internacionales Netas (RIN), administradas por el BCR y que al 14 de abril último sumaban US$ 61.951 millones.

De ese monto, 30.605 millones de dólares son los encajes que se les exige a los bancos que lo tengan guardado en la autoridad monetaria, y los US$ 31.346 millones restantes es lo que realmente tiene el BCR como recursos propios.

Pero, ¿ese dinero de las reservas internacionales puede utilizarse para reactivar la economía?

Germán Alarco consideró que eso no es viable ni recomendable en las actuales circunstancias, ya que las decisiones sobre las reservas corresponden al directorio del BCR, no al gobierno.

Es más, el artículo 84 de la Constitución Política del Perú de 1993 prohíbe al Banco Central dar financiamiento al erario nacional.

«Artículo 84: El BCR es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica. La finalidad del BCR es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley orgánica. El BCR informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio. El BCR está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica».

Esa medida expresada en la Constitución fue considerada necesaria en ese momento (década de los 90), luego de la crisis del primer gobierno de Alan García (1985-1990), pues se justificaba que el gobierno no pudiera tocar las Reservas Internacionales, pero actualmente el contexto económico del país es otro.

Para cambiar ese artículo 84 de la Constitución Política se necesita mayoría calificada en el Congreso de la República, pero eso no se ve accesible por ahora.

Alarco explicó que las Reservas Internacionales se utilizan para hacer frente a problemas en la balanza de pagos, aunque existen medios para aprovecharlas mejor en lugar de estar depositadas en instrumentos financieros internacionales que generan pocos intereses.

«Se podría crear un fondo de inversión, como hacen muchas economías. No obstante, la actual administración del BCR es demasiado ortodoxa y el uso de esos instrumentos para tranformar algo de esas reservas en crédito doméstico en moneda extranjera implica triangulaciones y mecanismos de seguridad sofisticados fuera del alcance, comprensión e interés de nuestras autoridades. Por el momento, mejor que ni se les ocurra manipularlas», afirmó el investigador.

En el contexto de la desaceleración económica en el Perú (en el 2014 se creció apenas 2,35% y este año se espera poco más de 3%), suena fuerte un término denominado política macroeconómica contracíclica, aplicado por el sector público para contrapesar el bajo desempeño del aparato productivo del país.

Los economistas definen como política macroeconómica contracíclica, cuando el sector privado (las empresas) crece a tasas altas, por encima del Producto Bruto Interno (PBI) potencial, ante lo cual el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), baja un poco el gasto público o sube los impuestos, y por su parte el Banco Central de Reserva (BCR) sube su tasa de interés de referencia (para encarecer los créditos bancarios). Caso contrario sucede cuando la economía está en evidente caída, pues allí el gobierno debe gastar más para impulsar la demanda, y el BCR baja su tasa de interés para subir el gasto privado, de consumo, y de inversión, pues se busca impedir una reducción mayor, o la reactivación de la economía.

«En este momento de desaceleración es evidente que se debe aplicar una política contracíclica, pero lo importante es saber si en el Perú existe o no una capacidad económica o financiera, tanto del gobierno como del BCR, para dedicar dinero a estímulos fiscales o monetarios», afirmó el economista Humberto Campodónico.

MARGEN DE MANIOBRA

En este último caso, una condición necesaria es que el Estado cuente con los recursos suficientes para aplicar un mayor gasto fiscal.

Algo que según el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, ya se está aplicando, pues el Perú tiene un margen importante de maniobra fiscal para aplicar una política macroeconómica contracíclica, en momentos en que el entorno externo es difícil.

Segura indicó que muchas de las medidas en ese sentido fueron lanzadas el año pasado por el gobierno y se encuentran en plena fase de ejecución (reducción del Impuesto a la Renta para personas y empresas, mayor presupuesto para gobiernos regionales y locales en proyectos de mantenimiento de obras y otras).

Pero al notarse que todavía la economía peruana no despega, ¿habría recursos para optar por un mayor impulso fiscal?

Cabe indicar que el MEF cuenta con el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), que es el acumulado de los superávits que ha tenido el presupuesto público en los últimos años y que hasta el 7 de abril último sumaba 9.165 millones de dólares (28.411 millones de soles aproximadamente).

Germán Alarco, docente de la Universidad del Pacífico, señaló que este fondo podría utilizarse para activar la inversión pública; sin embargo, el «propio gobierno se ha atado las manos en cuanto a la ejecución». «Este es un problema de décadas de neoliberalismo, reduciendo la capacidad de gestión del Estado», manifestó.

Incluso hay más dinero del sector público depositado en las entidades financieras (BCR, Banco de la Nación y banca privada), pues hasta febrero del 2015 los ahorros del Estado totalizaban 74.739 millones de soles (ver infografía), monto que incluye el FEF y el dinero del canon que los gobiernos regionales y locales no han podido utilizar.

Aunque recientemente el economista Roberto Abusada indicó que el tesoro público tendría guardados más de US$ 30.000 millones, pero no precisó cuáles eran las fuentes.

Humberto Campodónico consideró que los fondos públicos se están acumulando en lugar de gastarse, y «está previsto que se gaste cuando el ciclo está de bajada».

«El MEF o el BCR deberían decir quién tiene estos recursos excedentes, quién los administra y qué plata se podría usar y qué plata no», agregó.

En tanto, Germán Alarco se mostró opuesto a la posibilidad de utilizar estos recursos acumulados a través de asociaciones públicas privadas (APP).

Agregó que si bien los resultados de la producción a febrero (0,94% de crecimiento) fueron una mala señal para el gobierno y los mercados, no hay que ser catastrofistas.

«Hay que analizar las posibilidades que existen por el lado de la reactivación de la demanda interna, ya que el frente externo sigue con problemas», dijo.

Recordó que mucho de nuestro futuro inmediato está en manos de la inversión privada y por tanto de los empresarios. Sin embargo, dijo que no hay que esperar mucha inversión en la minería, ya que el ciclo de precios seguirá a la baja hasta 2018 o más, y se debe pensar en inversión para el mercado interno.

«Si bien la rentabilidad es menor que antes (20%), hay muchas actividades donde se puede invertir con rendimientos por encima de los internacionales (12% respecto de retornos del 7%). Si no se invierte los empresarios van a ganar menos y perder mercados. Deben actuar racionalmente y sin chantajes políticos», manifestó.

Agregó que por el lado del consumo privado se debería acudir al aumento de la Remuneración Mínima Vital, que tendría menos impactos de haberla aplicada el año pasado.

Alarco se mostró en desacuerdo con quienes plantean reducir impuestos tales como el IR y el IGV que debilitarían más al Estado. «A la fecha se ha transferido el 0,8% del PBI y no se observan sus efectos» finalizó.

RESERVAS EXTERNAS

Asimismo, hay otro fondo del Estado que representa las Reservas Internacionales Netas (RIN), administradas por el BCR y que al 14 de abril último sumaban US$ 61.951 millones.

De ese monto, 30.605 millones de dólares son los encajes que se les exige a los bancos que lo tengan guardado en la autoridad monetaria, y los US$ 31.346 millones restantes es lo que realmente tiene el BCR como recursos propios.

Pero, ¿ese dinero de las reservas internacionales puede utilizarse para reactivar la economía?

Germán Alarco consideró que eso no es viable ni recomendable en las actuales circunstancias, ya que las decisiones sobre las reservas corresponden al directorio del BCR, no al gobierno.

Es más, el artículo 84 de la Constitución Política del Perú de 1993 prohíbe al Banco Central dar financiamiento al erario nacional.

«Artículo 84: El BCR es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica. La finalidad del BCR es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley orgánica. El BCR informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio. El BCR está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica».

Esa medida expresada en la Constitución fue considerada necesaria en ese momento (década de los 90), luego de la crisis del primer gobierno de Alan García (1985-1990), pues se justificaba que el gobierno no pudiera tocar las Reservas Internacionales, pero actualmente el contexto económico del país es otro.

Para cambiar ese artículo 84 de la Constitución Política se necesita mayoría calificada en el Congreso de la República, pero eso no se ve accesible por ahora.

Alarco explicó que las Reservas Internacionales se utilizan para hacer frente a problemas en la balanza de pagos, aunque existen medios para aprovecharlas mejor en lugar de estar depositadas en instrumentos financieros internacionales que generan pocos intereses.

«Se podría crear un fondo de inversión, como hacen muchas economías. No obstante, la actual administración del BCR es demasiado ortodoxa y el uso de esos instrumentos para tranformar algo de esas reservas en crédito doméstico en moneda extranjera implica triangulaciones y mecanismos de seguridad sofisticados fuera del alcance, comprensión e interés de nuestras autoridades. Por el momento, mejor que ni se les ocurra manipularlas», afirmó el investigador.

MEF APUNTA A AMPLIAR DÉFICIT FISCAL Y PIDE FACULTADES PARA LEGISLAR

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó un proyecto de ley que busca incrementar el gasto público hasta el 2017 elevando el techo del déficit fiscal, el mismo que ya fue aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso de la República.

La iniciativa legislativa, presentada por el MEF el 18 de marzo, duplica el tope de déficit fiscal del 2016 del actual 1% a 2% del Producto Bruto Interno (PBI), y lo amplía a 1,5% el 2017. En el 2018, el proyecto prevé que el déficit converja al 1% que establece la regla fiscal.

Si se aprueba este proyecto de ley, el MEF podría cumplir su objetivo de cerrar este año con un déficit fiscal de 1,8%.

Falta que la iniciativa sea aprobada en segunda votación por el Congreso, pero en la última sesión ordinaria del Pleno del jueves pasado, el debate del proyecto quedó en un cuarto intermedio.

Pero el Gobierno pretende ser más agresivo, pues en la sesión del Parlamento para otorgarle el voto de confianza al nuevo gabinete, el Primer Ministro Pedro Cateriano planteó a los congresistas una solicitud de facultades para legislar en materia económica, programas sociales y en la lucha contra la seguridad ciudadana. Este pedido del Gobierno no fue bien recibido por la oposición.

Fuente: La Republica